Petrobras: La tormenta perfecta de política, precios y dividendos

La acción de Petrobras toca mínimos tras una polémica subasta de GLP, la salida de un director y mayor control estatal, en vísperas de una crucial asamblea general.

La acción de Petrobras se desplomó este miércoles, registrando una caída de aproximadamente un 13% y tocando su nivel más bajo en semanas. La cotización se situó en 6,98 euros, en una jornada donde los inversores castigaron con dureza al gigante energético brasileño. La combinación de intervención estatal, turbulencias directivas y una polémica de precios interno ha creado una tormenta perfecta que ensombrece la próxima asamblea general.

En el centro del huracán se encuentra una disputa por el gas licuado de petróleo (GLP), utilizado para cocinar. La empresa realizó una subasta donde vendió este producto con una prima de hasta el 117% por encima del valor de referencia de la refinería, un volumen que representa cerca del 11% del consumo proyectado para abril. La Agencia Nacional del Petróleo (ANP) anunció una investigación por posible manipulación de precios. El presidente Lula intervino personalmente, afirmando en televisión que la operación se realizó sin el conocimiento de la alta dirección. Para su base electoral, compuesta en gran parte por brasileños de menores recursos que dependen del GLP asequible, el tema es especialmente sensible.

Las consecuencias fueron inmediatas. El 6 de abril, el consejo de administración terminó el mandato del director de Logística, Claudio Romeo Schlosser, con efecto inmediato. Angélica Laureano asumió el cargo al día siguiente. Este episodio ilustra la presión política extrema que enfrenta la petrolera en un año electoral, donde el gobierno busca contener la inflación energética agravada por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

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Paralelamente, Brasilia ha reforzado su control sobre la compañía. El gobierno, como accionista mayoritario, ha nominado al economista Guilherme Santos Mello, actual secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda, como nuevo miembro del consejo de administración. Su objetivo es instalarlo también como presidente del órgano, un movimiento que consolidaría el control directo de la política sobre la estrategia corporativa.

La política fiscal también juega un papel clave. Para amortiguar los precios, el gobierno eliminó los impuestos federales sobre el diésel. Como contrapartida, estableció un gravamen a la exportación del 12% sobre el crudo y del 50% sobre los envíos de diésel. Petrobras, en línea con el apoyo estatal a la medida, se vio obligada a detener las exportaciones de diésel marino y a aumentar los precios domésticos para los distribuidores. El Ministerio de Hacienda califica el paquete de fiscalmente neutro y lo ha limitado hasta finales de 2026. Competidores internacionales como Shell, TotalEnergies, PetroRio y Repsol planean impugnar judicialmente este impuesto.

Todos estos frentes convergen en la asamblea general de accionistas convocada para el 16 de abril. En ella, los inversores no solo votarán sobre los nombramientos directivos, sino también sobre dos puntos financieros cruciales. El primero es la distribución final de dividendos correspondiente al ejercicio 2025. La propuesta del consejo para el cuarto trimestre de 2025 asciende a 8.100 millones de reales. De ser aprobada, el dividendo total del año, incluyendo los anticipos ya pagados, alcanzaría los 41.200 millones de reales, equivalente a unos 0,62 reales por acción ordinaria y preferente. Para los tenedores de ADRs cotizados en la NYSE, la fecha de registro para tener derecho al pago es el 24 de abril.

El segundo punto es la aprobación del presupuesto de capital a largo plazo. La compañía planea inversiones por 69.200 millones de dólares hasta 2030, destinando el 62% de esta suma a los lucrativos yacimientos del presal. La meta es alcanzar una producción diaria de 2,6 millones de barriles para finales de la década. Los resultados de estas votaciones ofrecerán una señal clara de hasta qué punto la creciente influencia estatal está redefiniendo las prioridades de Petrobras, equilibrando las demandas sociales y políticas con las expectativas de rentabilidad de los accionistas privados.

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