Iberdrola busca prolongar la operación de su central nuclear Almaraz

Las eléctricas solicitan al Gobierno español prorrogar la vida de Almaraz bajo estrictas condiciones de seguridad y coste, en un contexto de alta volatilidad en el mercado eléctrico.

El grupo energético Iberdrola, junto a sus socios Endesa y Naturgy, ha presentado una solicitud formal al Gobierno de España para extender la vida útil de la central nuclear de Almaraz. El objetivo es mantener operativos sus dos reactores hasta, al menos, junio de 2030, posponiendo así el cierre previsto para los años 2027 y 2028. Esta iniciativa representa un ajuste significativo en el calendario de transición energética del país.

Condiciones exigentes y contexto bursátil

Para autorizar cualquier prórroga, el Ejecutivo español ha establecido condiciones muy estrictas. La garantía de la seguridad radiológica, actualmente bajo escrutinio del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), es primordial. Asimismo, se debe asegurar el suministro eléctrico nacional sin que ello genere costes adicionales para los consumidores o contribuyentes. En un gesto para agilizar las negociaciones, las empresas operadoras han renunciado temporalmente a solicitar beneficios fiscales.

En el mercado bursátil, la cotización de Iberdrola registró un descenso del 3,28 % esta jornada, situándose en 18,59 euros. Pese a operar aproximadamente un 9 % por debajo de su máximo del último año, la acción aún acumula una apreciación cercana al 35 % en el horizonte de los últimos doce meses. Los inversores observan ahora con atención el dictamen técnico del CSN, que servirá de base para la decisión final del Gobierno.

Inversión en red y volatilidad de precios

Este movimiento se produce en un momento de notable volatilidad en el mercado eléctrico ibérico. Tan solo este lunes, los precios mayoristas de la electricidad experimentaron un aumento superior al 51 %, alcanzando una media de 119,42 €/MWh. El debate sobre si la energía nuclear puede aportar estabilidad a este escenario sigue abierto, con posturas que cuestionan su rentabilidad a largo plazo frente a las alternativas renovables.

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Paralelamente, el Gobierno ha desbloqueado un importante plan de inversiones para la red eléctrica. Los límites legales de inversión en infraestructuras se han elevado en un 62 %, lo que libera fondos adicionales por valor de 7.700 millones de euros para las redes de distribución local y 3.600 millones para la red de transporte hasta 2030. Estas inversiones son clave para que las compañías eléctricas puedan satisfacer la creciente demanda, especialmente la procedente del sector industrial y de los centros de datos.

Para Iberdrola, esta estrategia busca equilibrar su vasto portafolio en energías renovables con la necesidad de contar con una generación de carga base estable y predecible. El devenir de la solicitud marcará un hito en la configuración del mix energético español para la presente década.

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