Graphite One: Un proyecto minero entre audiencias públicas y presión competitiva

El proyecto Graphite Creek avanza en su evaluación ambiental con audiencias públicas en Alaska, mientras enfrenta un cambio en el panorama comercial y apunta a una construcción en 2027.

El desarrollo del proyecto Graphite Creek en Alaska, liderado por la empresa Graphite One, se encuentra en una etapa crucial marcada por la interacción con las comunidades locales y un entorno competitivo cada vez más desafiante. Esta semana, del 13 al 15 de abril, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE) celebra una serie de audiencias públicas en la península de Seward, un paso obligatorio dentro del complejo proceso de permisos federales.

Las reuniones tendrán lugar en Nome el 13 de abril, en Teller el 14 y en Brevig Mission el 15. El objetivo del USACE es recabar las opiniones de la población para integrarlas en la evaluación ambiental que realiza bajo la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA) y en su evaluación de interés público. Este proceso es independiente de las consultas separadas que las agencias federales deben mantener con las tribus indígenas de la zona.

La base técnica para esta revisión es un extenso documento de 331 páginas presentado por la compañía en marzo, que recopila años de datos sobre pesquerías, calidad del agua y del aire. Esta documentación es fundamental para la solicitud del permiso Section 404, necesario para el proyecto minero en las montañas Kigluaik.

Un aspecto procedural que ofrece cierto optimismo sobre los plazos es la decisión inicial del USACE de optar por una Evaluación Ambiental (Environmental Assessment), un proceso considerado más ágil. Esta determinación se basa en la premisa de que el impacto del proyecto en los humedales sería limitado. No obstante, la autoridad se reserva el derecho de exigir una Declaración de Impacto Ambiental (Environmental Impact Statement), un procedimiento mucho más exhaustivo y prolongado, si surgieran riesgos mayores durante la evaluación.

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El calendario oficial, gestionado a través del programa federal acelerado FAST-41, establece como fecha límite para completar esta revisión ambiental el 29 de septiembre de 2026. Graphite One fue incluida en este programa por orden del entonces presidente Donald Trump. Si se supera esta fase y se formaliza la solicitud de fondos federales, la empresa tiene previsto iniciar la construcción en 2027.

Sin embargo, el panorama macroeconómico ha presentado un obstáculo significativo. A mediados de marzo, la Comisión de Comercio Internacional de EE.UU. determinó que las importaciones de grafito para baterías procedentes de China no dañan a la industria nacional. Esta resolución anula la posibilidad de aplicar aranceles protectores del 160% que se habían contemplado, eliminando una barrera comercial clave en un mercado donde China controla más del 95% de la capacidad de procesamiento global.

En el frente financiero, el proyecto se apoya en cartas de interés no vinculantes de la Export-Import Bank de EE.UU. por un total de 2.070 millones de dólares. Este paquete se desglosa en un crédito potencial de 670 millones para la mina en Alaska y otro de 1.400 millones para una planta de procesamiento en Ohio, cuyas solicitudes formales están previstas para 2026. El 30% restante del capital necesario debe obtenerse en los mercados, para lo cual la compañía mantiene conversaciones con los cinco mayores bancos de inversión de Norteamérica.

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A nivel corporativo, una transacción próxima capta la atención de los inversores. El 14 de abril, un total de 583.015 acciones restringidas (RSUs), otorgadas previamente como compensación a directivos, se convertirán en acciones ordinarias. Esta operación incrementará el número de títulos en circulación y representa la mitad del plan de incentivos a largo plazo para 2025.

La presión competitiva en el sector nacional también se intensifica. Recientemente, dos proyectos de grafito en los estados de Nueva York y Alabama fueron admitidos en el mismo programa FAST-41, lo que significa que Graphite One debe defender su ventaja temporal. Para la región de Nome, el proyecto promete ingresos por tasas portuarias por unos 1,6 millones de dólares durante su vida útil estimada de 20 años, aunque aún se discuten mecanismos para una participación más amplia de la región de Norton Sound en los beneficios económicos. La empresa ha manifestado su disposición a negociar acuerdos justos con las comunidades afectadas.

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